El sector de la dependencia ya no puede esperar más. FeSP UGT y FSS CCOO Aragón van a exigir al nuevo Gobierno autonómico que se conforme que modifique “desde ya” el Decreto 111/92 que regula los ratios de personal en las residencias de mayores y a las empresas del sector, mejoras laborales y negociar un convenio autonómico, que permita avanzar en incrementos salariales, jornadas y permisos.

“Ha llovido mucho desde 1992 para seguir teniendo una normativa que no ayuda a tener unos ratios de personal dignos para atender a los dependientes en Aragón”, ha lamentado esta mañana la secretaria general FeSP UGT Aragón, Alicia Hernández en una rueda de prensa, junto a Angélica Mazo, secretaria sector de Servicios Sociales y Servicios a la comunidad y miembros de FSS CCOO Aragón.

Ambas organizaciones han reconocido que en la última legislatura el Gobierno ha hecho un esfuerzo y ha avanzado en materia de dependencia, pero sigue siendo una asignatura pendiente las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Con la normativa vigente, por cada 3 residentes hay un trabajador, que puede pertenecer a cualquier categoría profesional y ambos sindicatos llevan años exigiendo que los ratios estén especificados por categorías, para que pueda mejorarse el número de personal de atención directa a los mayores.

Esta situación unida al bloqueo del convenio colectivo del sector ( afecta a residencias de mayores, centros de día, Teleasistencia y Ayuda a domicilio en Teruel), de carácter estatal, y que finalizó en diciembre de 2018 ha ce que la situación de estas trabajadoras sea muy dura y precaria. Los incrementos salariales están prácticamente congelados desde 2012 y las patronales dilatan las negociaciones para hablar de subidas salariales, jornadas y permisos. Además, denuncian que el convenio cuenta con doce categorías profesionales con salarios por debajo de los mil euros.

Angélica Mazo ha querido destacar que el día a día en los centros de trabajo “no sería posible sin la implicación del personal, pero están en una situación que no pueden más”. En este sentido han destacado las elevadas cargas de trabajo que soportan, la presión que sufren para cumplir tiempos, el aumento de las bajas y los problemas de salud derivadas de estas circunstancias. Además ha denunciado la escasa cobertura de las bajas laborales y la falta de controles por parte de la Administración.

Por todo ello, ambos sindicatos han anunciado que inician actuaciones para generar los cambios necesarios que mejoren las condiciones laborales y la atención a los dependientes. Entre ellas iniciar contactos con las patronales de Aragón y exigir la negociación de un convenio autonómico como el de 2004; una reunión con la Consejería correspondiente para modificar la normativa de ratios, una recogida de firmas para presentar a las patronales y concentraciones en las tres provincias en las sedes de las mismas. Ambas organizaciones plantean que ninguno salarios esté por debajo de los 14.000 euros anuales y que los incrementos oscilen entre el 3 y el 4% por cada año de vigencia del convenio. Igualmente piden avanzar en permisos de conciliación y reducir la jornada anual de trabajo.

En Aragón hay 10.000 trabajadores en el sector y cerca de 30.000 personas dependientes son atendidas en la Comunidad autónoma.