UGT Aragón ha pedido esta mañana constituir una Mesa de coordinación sobre la explotación y la trata laboral en Aragón ante el aumento de casos “al calor de la creciente desigualdad social y el contexto de crisis sanitaria” así como la creación de una Ley Integral contra la trata de seres humanos en el ámbito estatal . En lo que va a de año, el sindicato ha atendido a 35 víctimas de explotación laboral de 23 casos detectados y ha realizado un acompañamiento de otras 5, de años anteriores.

La Secretaria de Formación y Empleo de UGT, Pura Huerta y responsable del Departamento de Migraciones, Antonio Ranera han presentado los datos recogidos en el informe “Explotación y trata de seres humanos con fines laborales: realidades invisibles en Aragón en 2020” en el marco de la celebración del Día Europeo contra la Trata de seres humanos el próximo 18 de octubre. Pura Huerta ha explicado que el trabajo forzoso es está presente en la sociedad a través de la explotación laboral y sexual y de la trata de seres humanos en sus diferentes formas.  En lo que se refiere a la explotación laboral, Pura Huerta ha destacado que es “una realidad que hay que saber reconocer” y que el sindicato viene detectando en los últimos años un incremento de casos, que llegan a través de los servicios del sindicato y campañas en sectores como el empleo doméstico o el sector agrario.

UGT Aragón realiza un trabajo continuado en este ámbito a través de talleres formativos y de sensibilización para su detección con representantes sindicales, personas de las administraciones y entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión social. También colabora y está en contacto con las administraciones y los Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y realiza una labor de acompañamiento a las víctimas para ayudarles a rehacer sus vidas.

El informe recoge que por orden lo sectores en los que se han detectado más casos son la agricultura y la ganadería, así como el empleo doméstico y de cuidados. En relación a ello, hay más hombres que mujeres víctimas de este delito, y las nacionalidades predominantes, son aquellas procedentes de países subsaharianos entre el género masculino, mientras que las mujeres, son mayoritariamente centroaméricanas y sur americanos.

Antonio Ranera ha precisado que el perfil de las víctimas es de personas jóvenes, con pocos años de estancia en nuestro país, la mayoría en situación irregular y que necesitan trabajar para subsistir o ayudar a sus familiares económicamente. Ranera ha puesto el acento en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran para poder escapar de esa “terrible situación” y del círculo de pobreza en el que están inmersos y que en muchas ocasiones les conducen a graves cuadros de ansiedad y depresión. Por todo ello ha reclamado más “recursos”, “mayor coordinación” ente los organismos implicados: Inspección de trabajo, Delegación de Gobiernos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Justicia, entre otros y la creación de una mesa de trabajo donde puedan participar sindicatos y otras entidades sociales para poder “conceder a las víctimas una  posición central” para su atención y ayuda a abandonar esa situación.