Una sentencia del Juzgado de lo Social Nº 4 de Zaragoza ha revocado y anulado la resolución de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón por la que autorizaba un ERTE por “fuerza mayor” a esta empresa, concesionaria de la DGA, en la que se emplean cerca de 300 trabajadores y trabajadoras de servicios de comedor en los colegios públicos.

La pionera sentencia sobre los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor derivados de la pandemia por COVID-19 confirma el criterio de UGT con respecto a esta modalidad de ERTE: la Administración competente debería haber recabado, en todo caso, un informe preceptivo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que entrara en el fondo del asunto, sobre si, bajo su criterio, procede o no la autorización de este instrumento de regulación de empleo.

En este caso, y en otros, la Dirección General de Trabajo omitió el trámite obligatorio, por lo que el juez revoca y anula la autorización para la ejecución del ERTE por fuerza mayor a Comer Bien S.l. Retrotrae así las actuaciones del expediente administrativo a la fecha en la que debería haberse solicitado el Informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza.

UGT tiene presentada demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por este mismo motivo, al tener la empresa implantación en más de una provincia.

Con independencia de esta sentencia, que anula la autorización administrativa de un ERTE por fuerza mayor por un defecto de forma UGT insiste, como lleva haciendo desde marzo y planteado en varios procesos judiciales abiertos, que el Gobierno de España, a través del RDL 8/2020, de 17 de marzo, introdujo un mecanismo para evitar los ERTES de fuerza mayor en empresas que contratan servicios, como es el caso de Comer Bien S.l., con las administraciones públicas.

El artículo 34 de esa norma preveía la suspensión de esos contratos de servicios entre empresas y administraciones, evitando el desempleo de los trabajadores. El poco celo político que se ha tenido en hacer valer esta disposición legal ha provocado el desempleo de miles de trabajadores, algo que UGT lamenta profundamente y seguirá ‘combatiendo’ ante jueces y tribunales.