“El Gobierno de Aragón es responsable de la situación que existe en los centros de trabajo. Lo que ha ocurrido en Badajoz, puede ocurrir en Aragón” ha señalado Angélica Mazo, secretaria del sector de servicios sociales UGT Servicios Públicos Aragón.

En este sentido ha considerado que un servicio esencial en el que “tienen la obligación legal” de prestarlo, dando protección a los menores se ha convertido en un “negocio” para empresas y entidades gestoras de los centros y para el propio Gobierno de la Comunidad autónoma. “El Gobierno externaliza la prestación del servicio a “bajo coste”, la empresa que lo gestiona intenta que le salga lo más barato posible para aumentar sus beneficios… y finalmente quien sufre las consecuencias son las personas que trabajan en los centros y el propio menor cuya atención es insuficiente.”  explica Angélica Mazo

Asímismo lo ha definido como un servicio “low cost” de “vergüenza” en el que los trabajadores han tenido una pérdida económica del 50% del salario, desde que se privatizó la gestión de los centros y con una disminución de ratios de personal hasta llegar al mínimo posible por parte de la Administración.

Los sindicatos han señalado que deben tomarse en serio los “problemas endémicos” que sufre el sector que llevan años reivindicando sin ser escuchados y tomarse medidas

Entre ellas han hecho hincapié en la necesidad de realizar evaluaciones de riesgos psicosociales para valorar la realidad que viven los educadores y educadoras respecto a la presión que sufren y tomar medidas “reales y efectivas”. Así como el reconocimiento de la peligrosidad y penosidad en la profesión, y que se realicen estudios reales sobre las condiciones laborales que soportan.

Reclaman también la obligación de un mínimo de dos educadores por turno en todos los pisos tutelados; reducir las ratios de menores que atienden para poder hacer frente cuando se viven situaciones de crisis en los centros.

Exigen además la instalación de sistemas de alarma y la comunicación directa con los cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias garantizando la protección en todo momento de los trabajadores y menores. Así como la adaptación de “zonas seguras” para las personas que trabajan en los pisos ante situaciones de extrema gravedad.

Otra de las cuestiones señaladas en la formación en prevención y gestión de conflictos que en estos momentos no se está facilitando en los centros de protección y reforma.

UGT, CGT y CCOO han hecho hincapié en la necesidad de un compromiso político que vaya de la mano de una financiación suficiente, para cuidar a los menores en la comunidad Autónoma. Y han destacado, que el Gobierno de Aragón “no puede seguir “sordo y ciego” ante la situación que se vive en los centros de menores.