FeSP UGT Aragón denuncia la absoluta falta de medidas de seguridad, organización e instrucciones para los Agentes para la Protección de la Naturaleza encargados del control y vigilancia de la caza en Aragón.

El 21 de enero se cumplen dos años del brutal asesinato de los dos "agents rurals" del Gobierno catalán, Xavier Ribes y David Iglesias, a manos de un cazador que les disparó cuatro veces con su escopeta durante una inspección rutinaria de caza en la localidad de Aspa (Lérida).

Los Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón (APNs) son los funcionarios que, ostentando la condición de agentes de la autoridad, y entre otras muchas funciones, tienen encomendada la vigilancia, control, y en su caso, denuncia, de la actividad cinegética. El terrible suceso debería haber supuesto la adopción inmediata de medidas de seguridad eficaces por parte del Gobierno de Aragón, pero UGT denuncia que su situación no ha variado en todo este tiempo. La consecuencia de todo ello es que los APNs suplen de manera autodidacta, con vocación y voluntariedad, la falta de medios de trabajo, medidas de seguridad, formación, organización y el abandono del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del que dependen orgánicamente.

El principal problema es que la evaluación de la tarea de la vigilancia de caza (documento obligatorio por la Ley de prevención de riesgos laborales) data de 2007, ha quedado obsoleta al ignorar el riesgo de agresión física; pero además, remite a un protocolo de trabajo que debería determinar los procedimientos y medidas de seguridad a implementar en cada situación, que debía haberse redactado a continuación, y sin embargo has pasado ya 11 años.

A raíz del asesinato, transcurrió un año hasta que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad impulsó la creación del grupo de trabajo que debe elaborar el protocolo de trabajo, el cual, una vez constituido, acumula un retraso de otro año en la redacción del primer borrador y no ha contado con asesoramiento externo de expertos en armas ni de técnicos de prevención, alargando los plazos de manera inasumible y creando dudas sobre la validez del protocolo.

Tampoco se han atendido las reivindicaciones del colectivo de garantizar la identificación inequívoca de los APNs como agentes de la autoridad, en su doble vertiente como policía administrativa y policía judicial genérica, mediante campañas institucionales sobre su papel y funciones, y mejorando la imagen corporativa de su vestimenta y de sus vehículos oficiales. Se ha desaprovechado así la oportunidad de equipar e identificar adecuadamente los vehículos adquiridos por el Departamento para esta escala de funcionarios en los dos últimos años, a diferencia de en casi la totalidad del resto de comunidades autónomas en las que los vehículos, además de ser todoterrenos más adecuados para el trabajo de campo, se están dotando de luces prioritarias V1 azules y de una imagen corporativa clara.

Otra de las graves carencias, a juicio de UGT, es la falta de formación específica sobre caza. Nunca se ha impartido desde el Instituto para la Administración Pública de Aragón, el organismo encargado de impartir formación a los funcionarios de la DGA, un curso sobre las armas y munición que deben controlar, y hace más de 10 años que no se imparte ninguno relacionado con la actividad cinegética, en un colectivo de más de 350 APNs y en un ámbito con continuos cambios normativos y legislativos.