Su coste de implantación se estima en menos de medio punto del presupuesto de prevención y extinción.

Las tres centrales sindicales denuncian que el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha reconocido en las últimas semanas, de manera interna, la carencia de brigadas de investigación, al dictar instrucciones a las jefaturas provinciales de incendios forestales para intentar solventar el problema. Igualmente, aseguran que el Departamento desconoce el número total de Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) que disponen de la formación que les acredita para realizar una investigación de causas.
De manera improvisada, Medio Ambiente pretende suplir la falta de brigadas de investigación, como obliga el Ministerio para la Transición Ecológica a todas las comunidades autónomas, por un sistema simplificado basado en una mera inspección ocular, a realizar por alguno de los agentes actuantes en un incendio, y que no siempre cuentan con la formación especializada y la experiencia necesaria.

UGT, CCOO y CSIF insisten en que la normativa exige que todos los incendios forestales, sin excepción, se investiguen siguiendo métodos estandarizados a nivel internacional, mucho más complejos que el sistema abreviado propuesto, y se realice por brigadas especializadas formadas por al menos dos Agentes para la Protección de la Naturaleza debidamente formados. La finalidad es asegurar la fiabilidad del resultado obtenido, lo que puede permitir identificar al presunto culpable de originar un incendio forestal, así como implementar cuantas medidas preventivas se consideren necesarias en el caso de incendios causados por negligencias o accidentes.

El Ministerio para la Transición Ecológica, para los años 2016 y 2017, y con los datos proporcionados por el Gobierno de Aragón, indica que solo un 19.51% de los incendios han sido investigados. Las centrales sindicales denuncian que Medio Ambiente de DGA oculta a la ciudadanía el dato correspondiente a los años posteriores para evitar quedar en evidencia.
La pasada legislatura se estimó en 300.000 euros anuales el coste de la puesta en marcha de las brigadas de investigación, importe que supondría únicamente el 0,5% de la cantidad destinada a prevención y extinción, y que permitiría preservar de forma mucho más eficiente lo que no tiene precio: el patrimonio natural de Aragón.