El mes de julio se ha saldado con cinco fallecidos en accidente de trabajo, 4 de ellos en el sector de la construcción y otro en la agricultura en circunstancias especialmente cruentas (atrapamientos, caídas en altura o sepultamientos) y representan un tercio de las cifras globales por accidentes mortales, que ya asciende a 16 víctimas en 2023.

La subcontratación es uno de las causas de la siniestralidad que UGT Aragón viene denunciando reiteradamente.

Desde el punto de vista legal, la subcontratación conlleva una coordinación obligatoria de la actividad preventiva (art. 24 Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales y RD 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales). Existe una responsabilidad por parte de la empresa contratante y de la empresa contratada de coordinar los medios necesarios para la protección y prevención de riesgos laborales, así como de informar y formar sobre los mismos a los trabajadores.

Las características de estos accidentes nos hacen sospechar sobre un posible incumplimiento de esta normativa, con gravísimas consecuencias sobre la seguridad y la salud de los trabajadores, y afecciones a su entorno familiar más allá del coste humano.

La subcontratación es una práctica muy habitual en la construcción, y debería cumplir escrupulosamente lo concerniente a coordinación de actividades empresariales, así como los planes de seguridad de obra. Sería necesario mejorar el control administrativo de estos dos procedimientos, asegurando que las medidas preventivas de obligado cumplimiento se ponen en marcha de manera eficiente, evitando así las muertes en el trabajo. Esto podría dar respuesta a cuestiones que eviten que una persona trabaje en un tejado sin línea de vida, o que se ponga una tolva en marcha mientras un trabajador está dentro, como en alguno de los accidentes mortales ocurridos este mes.