En la reunión ha participado FesP UGT Aragón, quien ha expuesto la situación de las trabajadoras de la Dependencia en Aragón y unas ratios basadas en una normativa anticuada

La Federación de Empleadas y Empledos de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunido este miércoles con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo para denunciar el abandono por parte de las administraciones al sector de atención a la Dependencia.

Esta situación está impidiendo la firma de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, que son más de 245.000 (el 90% mujeres) y que ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza laboral.

Por parte de Aragón, en la reunión ha participado la secretaria del Sector Servicios Sociales y Servicios a la Comunidad de FeSP UGT Aragón, Angélica Mazo quien ha explicado la situación en la Comunidad autónoma – con 10.000 trabajadoras - que además de encontrase en condiciones laborales muy  precarias en el sector, padecen las consecuencias de una legislación autonómica anticuada que establece unos ratios insuficientes para prestar cuidados de calidad – Decreto 111/1992- y que en ningún caso está adaptado a las necesidades de los dependientes.  

En el manifiesto que ha presentado a la titular de Sanidad, UGT señala que “Sin duda nos encontramos ante las peores condiciones de cualquier convenio de atención a las personas, con una jornada anual que llega a las 1.792 horas, cubriendo 24 horas de servicio al día y un salario bruto de 985 euros. A pesar de que la atención a la dependencia es un servicio esencial para la ciudadanía.

Los precios que paga la Administración por la prestación de este servicio llevan prácticamente 10 años congelados, y esto inevitablemente ha afectado a las condiciones laborales de las trabajadoras. Las patronales han manifestado, escudándose en esta situación, la imposibilidad de negociar un convenio que contemple tanto mejoras salariales como laborales, rehuyendo con ello una responsabilidad para la que están legitimadas.”

UGT ha pedido a la Ministra en funciones que sea sensible a la problemática del sector. Hay que tener presente que un trabajo de calidad prestará una atención de calidad, algo imprescindible para un servicio esencial como es el de la Atención a la Dependencia. Sería deseable también un modelo más homogéneo en el territorio nacional (es una competencia transferida a CCAA)  en residencias, centros de día,  atención domiciliaria y la teleasistencia.

UGT ha valorado de forma positiva este encuentro con la ministra, que se ha comprometido a revisar el modo en que se está aplicando la Ley en cada una de las Comunidades Autónomas. La Ley de Dependencia, que data de 2006, no se ha evaluado en profundidad en 13 años. Del mismo modo, ha coincidido con UGT en que es necesario visibilizar los problemas que afectan al sector, empezando por la precariedad de sus trabajadoras, cuyo salario, como se viene denunciando desde hace, no llega a los 1.000 euros mensuales.

En el año 2008 salió una resolución del Consejo Interterritorial del INSERSO que establecía una serie de requisitos mínimos con respecto al personal trabajador de los centros de atención a la Dependencia ( Residencias y ayuda a domicilio) para garantizar la calidad del Servicio. Este documento debía servir de base a las CCAA para legislar sobre la materia. Sin embargo, no llegó a desarrollarse en su momento y ahora el Gobierno se ha comprometido a revisar este trabajo y a evaluarlo.

En Aragón hay 10.000 trabajadores en el sector de la dependencia que desarrollan su labor profesional en residencias de mayores, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio en la provincia de Teruel y más de 20.000 dependientes atendidos en Aragón.