En una rueda de prensa en la sede de UGT esta mañana, Angélica Mazo, vicesecretaria general y responsable del sector de servicios sociales y la comunidad de UGT Servicios Públicos Aragón, ha asegurado que “Las empresas han ido agotando los plazos del calendario y no sabemos con qué finalidad o si es para que el Gobierno de Aragón de un paso al frente” en referencia al acuerdo alcanzado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el pasado mes de junio. Éste incluía un calendario de negociación, con el compromiso de establecer las tablas salariales y la jornada laboral antes del 20 de octubre.  

Angélica Mazo también ha criticado la falta de “implicación” en el proceso del Gobierno autonómico, que a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) es responsable de los contratos y conciertos con empresas, así como de la tutela de niños, niñas y adolescentes que terminan en estos centros y que hasta ahora no han mantenido ninguna reunión conjunta con empresas y sindicatos. “Al final la situación la pagan las menores, la sociedad lo percibe como un conflicto y los profesionales con peores condiciones laborales” ha lamentado.

Los tres sindicatos denuncian que los salarios de estos profesionales están próximos al salario mínimo interprofesional, por lo que muchos se marchan a otros territorios con mejores condiciones laborales y la alta rotación del personal educativo, que repercute en estos jóvenes, dificultando la creación de vínculos estables, incluso desorientación emocional y conductual. Hay centros con un educador por cada once menores, una ratio que consideran “insuficiente”.
 
Para evitar este escenario las organizaciones reclaman subidas salariales diferenciadas según grupo profesional entre un 15 y 23% (solo se actualizan cuando se renueva el concierto con las empresas), la reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 1476 horas anuales y mejoras en materia de seguridad laboral, también en riesgos psicosociales, ante el número de bajas laborales en diversos centros.

En el sector trabajan en Aragón más de 600 personas distribuidos entre centros de protección, reforma y pisos tutelados. La mayoría de estos servicios son gestionados por empresas concertadas o subvencionadas (Rey Ardid, Aldeas Infantiles, YMCA, ACCEM, Apip-Acam, Ozanam, Kairos etc).

El próximo lunes 20 de octubre las tres organizaciones han convocado una concentración a las 10.00 a las puertas del SAMA donde tendrá lugar una nueva cita con las empresas. La huelga del sector tendrá lugar el 23 de octubre, una huelga que fue aplaza en el mes de junio tras el acuerdo en el SAMA.