Angélica Mazo, secretaria del sector de servicios sociales y a la comunidad de UGT Servicios Públicos Aragón ha calificado la situación como “intolerable”, obligando a los sindicatos a adoptar medidas de presión y ha lamentado que empresas y Gobierno de Aragón “se pasen la pelota entre ellos, sin que nadie tenga interés real por solucionarlo”.

Las movilizaciones inician el próximo jueves, 11 de julio con una concentración a las puertas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y en el mes de agosto se registrará la convocatoria de huelga prevista para los días 19 y 26 de septiembre y 3 y el 10 de octubre con paros de 4 horas.

Tras iniciarse meses atrás un acercamiento entre empresas y organizaciones sindicales para constituir una mesa negociadora del Convenio colectivo Autonómico, el rechazo de Aldeas infantiles e YMCA a participar en la negociación, uniéndose a la postura de Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS), Fundación Salud y Comunidad de ATECA y KAIROS, ha agotado la paciencia de sindicatos y trabajadores y “romper el dialogo” para avanzar en una mejora de las condiciones laborales en los centros de protección y reforma de menores . 

Las condiciones del sector son insostenibles. El salario de un Educador Social, es de 1321,63 euros, el de un Técnico en Integración social 1004,87 euros (por debajo del SMI) y el de un médico psiquiatra de 1440,42 euros. Angélica Mazo ha criticado también la postura del Gobierno de Aragón, que lejos de realizar un mínimo gesto para que las empresas se sienten con UGT, CGT y CCOO a negociar “lanza balones fuera”. Por ello ha recordado que los centros de protección y reforma de menores son servicios públicos externalizados desde hace más de 20 años y que ello cuya consecuencia directa para los trabajadores ha sido una pérdida de poder adquisitivo del 50% si no se hubieran llevado a cabo. “Aragón no puede convertirse en la comunidad con peores condiciones laborales en el sector” y se ha preguntado por los motivos reales por lo que no es posible llegar a un acuerdo, cuando otras comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia o Galicia los han alcanzado satisfactoriamente.