La responsable del sector de servicios sociales y a la comunidad de UGT Servicios Públicos, Angélica Mazo y un grupo de trabajadoras de residencias de mayores han entregado esta mañana en el Registro del Gobierno de Aragón una carta dirigida a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto para pedir a la administración que “actúe y tome medidas” ante la negativa de empresas del sector de dependencia a subir los salarios y aplicar cláusula de revisión salarial de forma “automática” como marca el convenio colectivo estatal.

UGT Servicios Públicos continua su campaña reivindicativa para reclamar a la patronales de la dependencia que cumplan sus compromisos y actualicen las tablas salariales de sus plantillas de acuerdo al IPC real.  En esta línea, la secretaría del sector de servicios sociales y a la comunidad de UGT Servicios Públicos Aragón ha remitido una carta a María Victoría Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón donde le trasladan la grave situación que sufren las trabajadoras y trabajadores de este colectivo en Aragón.

El sindicato ha denunciado el incumplimiento del convenio en vigor y ha calificado de infame la actuación de las patronales en este aspecto, pues condenan a sus trabajadoras, principalmente mujeres, a la precariedad. Se trata de un colectivo de más de 10.000  personas que ven cómo su poder de compra disminuye día tras día por la negativa de las patronales a aplicar el artículo 8 del VII Convenio Marco Estatal. Este texto recoge expresamente  que “se incrementarán anualmente, en el mes de enero, los conceptos retributivos en la misma cuantía que el índice de precios al consumo (IPC) real del año anterior”. “La cláusula de revisión salarial opera, por tanto, automáticamente, al encontrarse este Convenio en ultraactividad, máxime si se tiene en cuenta que el PIB del año 2021 ascendió al 5%” argumenta la organización sindical en la carta que ha dirigido a la consejería.

Angélica Mazo ha destacado que estas trabajadoras llevan desde 2019 sin incrementos salariales y que la intención de la patronal es "dilatar la aplicación para que tengamos que llevarlo a los tribunales y mientras no abonar el 6,5% de incremento" . Además ha lamentado que tampoco se considere
que ha sido uno de los colectivos profesionales que más duramente ha trabajado en la pandemia, llegando a realizar turnos de 12 horas y muchos días sin descanso para poder atender a las personas mayores.

Se trata de un sector fuertemente privatizado, que presta el servicio en conformidad con las Administraciones Públicas utilizando para ello diferentes vías: concertación de plazas, licitaciones públicas para la gestión de los servicios y colaboración entre entidades del sector y Administración Pública. Desde nuestra Comunidad Autónoma se están destinando importantes partidas económicas para financiar la Dependencia, prestando un servicio a la sociedad y generando empleo. Sin embargo, lo que inicialmente se preveía como un nuevo yacimiento de empleo tras la publicación de la Ley 39/2006 de la Dependencia, ha acabado convirtiéndose en un empleo precario, feminizado y cuya profesionalización tiene significativas carencias para poder ser definido como empleo de calidad.

En este contexto, el Plan Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia firmado por el Gobierno, las patronales y los sindicatos, vinculaba  la financiación adicional prevista a que parte de ella  repercutiera en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Algo que, finalmente, no parece que esté ocurriendo.

Por eso, UGT Servicios Públicos pide a su gobierno que no eludan su responsabilidad y exija a las concesionarias de este servicio público que cumplan sus compromisos laborales.

La organización sindical recuerda que el 25 de enero inició un proceso en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje para tratar de solucionar esta situación, aunque ya adelantó que adoptaría las medidas necesarias para que las patronales aplicasen un aumento salarial del 6.5%, correspondiente del IPC real. Esta acción forma parte de la campaña iniciada para reclamar que las patronales de la dependencia cumplan sus compromiso laborales.