El protocolo de caza para agentes forestales presentado por el consejero de agricultura tiene graves deficiencias. Carece de asesoramiento técnico por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los medios de protección personal exigidos por Inspección de Trabajo y del respaldo de las organizaciones sindicales. Además nace huérfano de dotación presupuestaria.

El protocolo que tiene por objetivo incrementar la seguridad personal de los Agentes para la Protección de la Naturaleza en su labor inspectora de la caza ha tardado más de 4 años en ver la luz. El asesinato de dos agentes rurales en Lérida en enero de 2017 supuso un punto de inflexión en la histórica reivindicación que además de evidenciar los graves riesgos físicos a los que se enfrentan, puso de manifiesto que son frecuentes las amenazas y todo tipo de agresiones verbales contra los agentes.

Para UGT el texto aprobado no responde a las expectativas creadas y las medidas apenas disminuyen los riesgos. También acusa al Departamento de Agricultura de aprobar un protocolo inacabado y falto de medios ante los requerimientos de Inspección de Trabajo tras las denuncias por el sindicato, que va a continuar interponiendo.

El protocolo recoge por escrito y clarifica algunas cuestiones de sentido común, como la obligatoriedad de trabajar en equipos de dos personas como mínimo, pero no prevé la dotación de medios de protección personal como exige Inspección de Trabajo. Su uso se está extendiendo en las restantes comunidades autónomas.

Tampoco han participado expertos en seguridad, por lo que se arrastra errores de otros protocolos en los que se inspira. Las centrales sindicales han insistido en la necesidad de corregir estas deficiencias, y sin embargo la administración ha optado por prescindir de los representantes de los trabajadores y aprobarlo sin su participación.

UGT advierte que la mesa técnica anunciada por el consejero de Agricultura para negociar mejoras en diferentes ámbitos laborales de los Agentes para la Protección de la Naturaleza, así como las del resto del personal funcionario y laboral del operativo de prevención y extinción de incendios forestales, debe llegar a resultados reales y tangibles en plazos de tiempo razonables. Estos implican en algunos casos esfuerzos presupuestarios ineludibles para hacer frente a décadas de abandono de la administración forestal, volcada en los últimos años en la empresa pública SARGA. Por ello, el recorrido y el resultado final de este protocolo de caza no puede volver a repetirse.