Aragón no ha adaptado la normativa de acreditación y calidad de residencias

UGT Servicios Públicos Aragón señala que el Gobierno de Aragón debería haber implementado desde el 1 de enero de 2024 el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y atención a la dependencia en materia de ratios de personal.

Fecha: 18 Nov 2024

Angelica Mazo
Angélica Mazo, en una intervención en las Cortes de Aragón sobre el sector de residencias tras la pandemia.

La normativa publicada en BOE el 11 de agosto de 2022 recoge un nuevo modelo de atención centrado en la persona, así como una normativa de ratios de personal mínima de obligado cumplimiento en las residencias de mayores, que debería haberse aplicado desde el 1 enero de 2024, de forma que todas las residencias deberían haber estado obligadas a aumentar personal.

La realidad es que no se ha adaptado la normativa en materia de ratios de personal y ni siquiera se ha realizado ninguna acción para aplicarla en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con la normativa que debería haberse implementado desde hace casi 11 meses, se habría pasado a una ratio actual en la que la normativa solo recoge la obligación de que existan 0,30 trabajadoras incluyendo todas las categorías profesionales a una ratio específica de Gerocultoras-Auxiliares de 0,31.

Y seguimos llegando tarde ya que desde el 1 de enero de 2024 la normativa exigible según el Acuerdo del Consejo Territorial es de 0,33 para la categoría de Gerocultoras-Auxiliares, así como un aumento progresivo los siguientes hasta llegar a una ratio de 0,43.

Las trabajadoras de las residencias de mayores soportan desde hace años las consecuencias de una normativa obsoleta como es el Decreto que recoge las ratios de personal 111/92, que debería haber sido sustituido por la nueva norma legal.

Otro de los problemas del sector es la infrafinanciación por parte de la Administración Pública en Aragón. Prácticamente no se autorizan camas concertadas a las residencias, quedando sistema actual de concertación de plazas, insuficiente ya que, aunque a un centro le puedan autorizar 50 o 60 plazas concertadas, luego la realidad es que no les envían muy pocas y en algunos casos ninguna.

Con esta situación queda la mayor parte del coste económico de las residencias en las familias, lo que utilizan las empresas gestoras como excusa para no mejorar las condiciones laborales, cuestiones que deberían abordarse de forma urgente.

“Las trabajadoras de residencias todos los días son heroínas, ya que logran que las personas mayores estén bien atendidas gracias a un sobre esfuerzo personal, que luego a ellas les pasa factura, tanto física como psicológicamente”. Señala Angelica Mazo, Secretaria Sector Servicios Sociales UGT Servicios Públicos Aragón

Gobierno de Aragón debe cumplir con lo prometido tras el Covid y tomarse en serio de una vez los problemas del sector cuya solución, ya no puede esperar más.
 

Fuente: UGT Servicios Públicos Aragón