La plantilla de la Ciudad del Motor de Aragón (Motorland) inicia hoy una huelga general que durará hasta el próximo domingo 7 de abril y que coincide con la celebración de una prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes. Los trabajadores y trabajadoras exigen una solución urgente para la homologación de sus puestos de trabajo con otras empresas públicas, que llevan demandando desde hace 4 años y que no llega, y les hace perder entre 3.000 y 15.000 euros anuales de salario.

La Ciudad del Motor de Aragón es una empresa pública, con participación de la Corporación de empresas públicas Aragón (60%); el Ayuntamiento de Alcañiz (20%) y la Diputación Provincial de Teruel (20%).  Cuenta con una plantilla de 60 personas que puede llegar a 300, cuando se celebran competiciones de este calibre. Una parte de la plantilla recibe retribuciones con arreglo a las tablas del personal laboral del Gobierno de Aragón y otras, según el convenio estatal de Instalaciones Deportivas y el de Oficinas y Despachos de la provincia de Teruel.

La plantilla reclama, que todo el personal, al igual que en el resto de empresas públicas, perciba su salario con arreglo a las tablas del personal laboral como recoge la “Ley 2001 de 3 julio, del Gobierno de Aragón, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, artículo 87.3.  Esta situación también fue denunciada por el Tribunal de Cuentas de Aragón en 2015, por lo que el Consejo de Administración de la Ciudad del Motor de Aragón acordó realizar una homologación de dichos puestos.

En 2017, se aprueba la Ley 1/2007, de 8 de febrero, de “Medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón”, que no aporta solución a este conflicto ya que bloquea la posibilidad de que estos trabajadores obtengan un aumento salarial.  Ante esta situación, el Comité lo eleva a conflicto colectivo, pero la Justicia concluye que dicha ley impide la subida salarial. 

En respuesta, la Ciudad del Motor ofrece a los trabajadores negociar un convenio, cuyo preacuerdo se alcanza en septiembre de 2018 en el que se recogían incrementos salariales que permiten aproximarse a las tablas del personal laboral. En convenio debía de empezar a aplicarse en enero de 2019, pero nunca lo hizo. Tras la convocatoria de huelga la Corporación de Empresas Públicas informa a los trabajadores de que no es posible su aplicación porque se incumple la Ley de presupuestos generales de Aragón. La empresa ofrece negociar un nuevo convenio, pero esta vez sin incrementos salariales. Las demandas retributivas de los trabajadores siguen sin atenderse.