FeSMC UGT Aragón se querellará contra cualquier contrata autonómica que presente un ERTE. El sindicato entiende que esta fórmula es absolutamente improcedente en este caso, y que puede ser utilizada para cargar en fraude de ley costes a los servicios públicos de empleo.

El artículo 34.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, establece la posibilidad de que las contratas municipales soliciten al Ayuntamiento de Zaragoza la suspensión de los contratos de prestación de servicios con éste, y asegurarse el cobro de los salarios de los trabajadores, algo que convierte en absolutamente innecesaria y fraudulenta la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo. Esta disposición legal es una medida garantista que trata de proteger a los trabajadores y asegurar la viabilidad de los contratos con las empresas, incluso si estos son suspendidos.

Las contratas de prestación de servicios y suministros, cuya entidad adjudicadora es el Servicio Provincial de Educación, están presionando a las trabajadoras y trabajadores para la firma de las comunicaciones de los ERTES. La inacción de la Consejería de Educación en Aragón está ocasionando un estado de alarma en más de 1.500 personas (monitoras/es de comedor y restauración colectiva) que, a día de hoy desconocen su situación laboral.

Desde UGT instamos a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón a pronunciarse sobre estas cuestiones y a asumir lo dictaminado en el RD ley 8/2020.