Angélica Mazo, secretaria de servicios sociales y a la Comunidad de UGT Servicios Públicos ha explicado que existe un convenio nacional de “mínimos” pero es necesario que “todos” tanto, entidades, plantilla como el Gobierno de Aragón “nos pongamos en marcha” para regular las condiciones labores en un convenio para Aragón al igual que en Madrid, Cataluña, Murcia o País vasco. “No estamos hablando de algo político, sino de derechos laborales e igualdad en el dentro del país”.

Los servicios de este sector se externalizaron en 2003 de la Administración pública y por tanto la financiación depende del Gobierno de Aragón  “está mirando hacia otro lado y evitando el problema”.  Sobre las entidades gestoras Angélica Mazo señala que no están en contra de negociar el convenio, pero necesitan el “impulso” y el “refuerzo” del Gobierno de Aragón

Desde 2003 la plataforma constituida y los sindicatos UGT, CGT y CCOO denuncian que se ha perdido casi un 50% de poder adquisitivo en los salarios.

El sector de reforma juvenil y protección de menores pertenece a servicios sociales y da servicio a 24 horas, los 7 días a la semana. Tiene plantillas muy formadas, con grados universitarios y masters y vocación “trabajan aquí por su conciencia social, y desde luego no por las condiciones laborales que tienen”.